Columna de opinión Ministro Harald Beyer: Una reforma en marcha

“Cabe preguntarse si existe real voluntad de tener un sistema de educación superior que asegure un mejor equilibrio entre los intereses de los estudiantes, débilmente resguardados, y los de las instituciones, exageradamente protegidos”.

Fuente: Mineduc

MINISTRO Harald Beyer

A pesar de los avances documentados en numerosas publicaciones internacionales, nuestro sistema educacional aún carece de grados satisfactorios de calidad, financiamiento y acceso.

Por eso, el gobierno del Presidente Piñera está llevando adelante una ambiciosa reforma que aborda esas dimensiones en los tres niveles educativos: parvularia, escolar y superior.

En este último nivel la agenda es particularmente intensa. En las últimas décadas este sector ha experimentado una profunda transformación.

La matrícula de pregrado se ha multiplicado por nueve desde 1981. Esa expansión no ha significado una caída en las oportunidades de empleo o en los ingresos relativos de los egresados de la educación superior.

En 1990, por su escaso desarrollo hasta ese entonces -matrícula de 245 mil estudiantes, menos que un cuarto de la actual-, el nuevo gobierno democrático pudo haber limitado el crecimiento del sector privado de educación.

Seguramente ello habría implicado inyectar más recursos públicos a las universidades más antiguas para promover a través de ellas la cobertura.

Sin embargo, por razones atendibles entre las que se cuentan las elevadas desigualdades del país y los altos retornos de la educación superior, privilegió el gasto público en educación escolar.

Así, los fondos para el nivel terciario pasaron de representar casi el 19 por ciento del presupuesto de educación en 1990 a poco más del 11 por ciento en 2009.

Una consecuencia es que el aumento de la cobertura descansó principalmente en las nuevas instituciones privadas de educación superior, las que vieron aumentar su participación en la matrícula de pregrado desde un 56 por ciento en 1990 a un 73 por ciento en la actualidad.

Cabe destacar que al interior del CRUCh el aumento de matrícula también se concentró en las 17 universidades que se crearon después de 1981. Otra es que el financiamiento de la educación superior descansó principalmente en los aportes de los estudiantes y sus familias.

Dos son los principales riesgos de este desarrollo.

Por una parte, que la falta de apoyo a las familias termine ahogándolas y limitando el acceso de jóvenes con mérito a la educación superior.

Por otra, que el sistema pierda en transparencia y calidad.

Ambos no fueron bien enfrentados por las administraciones anteriores.

Se instaló un sistema de ayudas estudiantiles insuficiente, inflexible y caro, que no protegía adecuadamente a los estudiantes y sus familias.

Tampoco se creó un marco regulatorio que supervisara adecuadamente a las instituciones, les exigiera calidad y entregara información apropiada para enfrentar las asimetrías que genera la multiplicidad de programas de estudio actualmente existentes.

El gobierno del Presidente Piñera decidió corregir esa situación a través de diversas iniciativas.

Se han creado nuevas condiciones de financiamiento para los estudiantes, que significan, por un lado, elevar las becas desde 118 mil en 2009 a 401 mil en 2014, abriendo las posibilidades para que los jóvenes del 60 por ciento más vulnerable puedan acceder a ellas y, por otro, crear un nuevo sistema de préstamos financiado con recursos públicos con una tasa de interés real subsidiada de dos por ciento, que supone un desembolso no superior al 10 por ciento de los ingresos de los egresados por un período máximo de 15 años, luego del cual la deuda insoluta se extingue.

Del acceso a este préstamo se excluye solo a los jóvenes que provienen de hogares pertenecientes al diez por ciento de mayores ingresos.

Adicionalmente, se ha promovido una Superintendencia de Educación Superior, aprobada en general en el Senado hace dos semanas a pesar de haber sido presentada en noviembre de 2011, que le otorga capacidades mucho mayores de fiscalización al Estado, las que hoy son extremadamente limitadas, y se ha enviado un proyecto de ley que reemplaza el actual sistema de acreditación que ha sido insuficiente para promover la calidad de las instituciones de educación superior.

Asimismo, a pesar de las escasas capacidades de supervisión actuales y a la espera de la aprobación de los proyectos de ley, se ha puesto más énfasis en la fiscalización de esas instituciones, por ejemplo dando a conocer información detallada de sus estados financieros a la opinión pública, y se ha avanzado en promover una mayor transparencia y una mejor información sobre los resultados esperados de cursar los distintos programas que se ofrecen en la educación superior.

Son cambios profundos, necesarios y justos que suponen un compromiso con una educación superior de mayor calidad, transparente y que permita el acceso a la educación superior a todos los jóvenes con mérito.

Los obstáculos para avanzar en estas dimensiones son significativos y cabe preguntarse si existe real voluntad de tener un sistema de educación superior que asegure un mejor equilibrio entre los intereses de los estudiantes, débilmente resguardados, y los de las instituciones, exageradamente protegidos.

Publicado en El Mercurio, domingo 31 de marzo de 2013

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Thomas Baker is the Past-President of TESOL Chile (2010-2011). He enjoys writing about a wide variety of topics. The source and inspiration for his writing comes from his family.
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